Universidad en España: los fondos de inversión toman el mando de la clase

El pasado miércoles, Daniel Sánchez me llamó para conocer mi opinión sobre la entrada de fondos de inversión en la universidad privada española. Porque a la compra de la Universidad Europea por parte de Permira (€770 millones), se ha unido esta semana el anuncio de la toma de control de la Alfonso X El Sabio (UAX) por parte de CVC (€1.100 millones). En su artículo en eldiario.es, incorpora aspectos interesantes que complementan el artículo que escribí sobre este asunto el pasado noviembre. A continuación, os hago un resumen y añado alguna información que he ido recopilando durante las últimas semanas.

Situación actual de la universidad en España

Existen actualmente 87 universidades en España: 50 públicas y 37 privadas. A este último grupo se han unido este mes CUNEF, ESIC y Villanueva, recientemente autorizadas por la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, existen muchos centros adscritos, dependientes de esas universidades, que completan una oferta de plazas que supera a la demanda en la mayoría de las titulaciones. Una situación que presiona a la baja los precios “de tarifa”, generalizando el uso de los descuentos para asegurarse el alumnado. Pero que también dificulta la decisión de dónde estudiar por parte de las familias. Como en cualquier otra industria, cada vez es más importante diferenciarse.

El segmento de la universidad privada no para de crecer (un 7% en 2017), a pesar de que el crecimiento demográfico de España no acompaña. La mayor captación de estudiantes extranjeros, el crecimiento de la oferta online, la necesidad de formación continua y la pérdida de competitividad de la oferta pública en algunas regiones, son los principales motores de ese crecimiento.

En relación con su funcionamiento interno, nuestra universidad todavía tiene un enorme camino por recorrer. Las rígidas estructuras internas, la permanencia de procedimientos “analógicos”, la insuficiente capacitación digital de los recursos humanos y hasta las limitaciones que imponen leyes como la de Protección de Datos frenan la necesaria adaptación de nuestra universidad a la realidad de nuestros alumnos y empresas. Los equipos directivos lo tienen claro, pero la falta de recursos, de convencimiento interno y en ocasiones de liderazgo está retrasando una transformación imprescindible. Acelerar su transformación digital permitirá mejorar la oferta docente y de servicios, además de ganancias en eficiencia interna.

Competitividad internacional

Desde una perspectiva global, y por desgracia, la universidad española no está muy bien representada entre las principales instituciones a nivel mundial. De las más de 18.000 universidades que existen en el mundo, sólo un 10% aparecen regularmente en los rankings sectoriales. Entre las 100 primeras no aparece ninguna española; apenas una treintena, si lo ampliamos a 500.

No obstante, España tiene muchas condiciones para posicionarse como destino “universitario” de preferencia. Nuestro idioma, localización geográfica, puente entre Europa y Latinoamérica y nuestro patrimonio histórico y cultural son algunas de ellas. El interés del alumnado asiático por estudiar en nuestro país es creciente.

Además, el impacto negativo que está generando el Brexit en su industria universitaria puede tener un efecto positivo para España. Porque estudiar allí, para un alumno europeo, puede pasar de 9.500 a 25.000 libras al año. A lo que hay que sumar los costes de vivir allí. Lo mismo que ocurre en Estados Unidos, la “meca universitaria”, donde el coste anual académico para los estudiantes extranjeros no baja de los 20.000 dólares. Eso si te matriculas en una universidad no reputada, porque si logras la admisión en una top el coste supera los 60.000 dólares más gastos.

Por otro lado, somos líderes en cuanto al porcentaje de jóvenes que cursan estudios universitarios (ranking #6 en el Global Competitiveness Report del World Economic Forum). Pero en la calidad de nuestro sistema educativo conseguimos el puesto #67 de los países analizados. Algo habrá que hacer. Por lo que creo que es crítico para nuestra competitividad internacional que las empresas, las familias y las universidades avancemos más rápido en adaptar el enfoque que damos a la educación de nuestr@s hij@s. 

Interés de los fondos

Los fondos pueden estar descontando una reconfiguración de la industria que permita mejorar las ratios de rentabilidad a través de:

• la consolidación de la oferta universitaria privada,
• la creación de grandes instituciones educativas integradas,
• la internacionalización del alumnado,
• la innovación en la oferta educativa reglada,
• el aumento de la demanda formativa de las empresas o los profesionales a título particular,
• la transformación de la operativa interna

A estas líneas de desarrollo, que ya expuse en detalle en un artículo anterior, se unen otras motivaciones para entrar en el sector educativo privado:

• asegurarse una rentabilidad mínima a largo plazo.

Algo similar a la inversión que realizan estos mismos fondos en empresas de infraestructuras, que ayudan a reducir la volatilidad de rentabilidad de la cartera total. Porque las universidades aportan una clientela y unos flujos de caja muy estables a largo plazo.

• incorporar activos vinculados a proyectos con compromiso social

También los fondos de private equity, como los fondos de pensiones o soberanos, recogen las exigencias de los proveedores de fondos de perseguir objetivos sociales y medioambientales. Además de la rentabilidad financiera, ahora es necesario mostrar un impacto positivo en la sociedad. El sector de la educación es uno de ellos.

Riesgos en el horizonte

Pero los fondos de inversión no deben perder de vista que este es un sector muy regulado y muy sensible políticamente. Un crecimiento “desbocado” de la oferta privada puede generar recelo en los estamentos sociales que defienden el reforzamiento de la universidad pública. Y, con ello, un aumento de la presión social y mediática en contra de la consolidación de la educación privada.

Además, una mejora de la oferta de Formación Profesional (FP) podría impactar negativamente en las cifras de matriculación universitaria. Porque España se sitúa actualmente a la cola de los países de la OCDE, en porcentaje de alumnos que optan por cursar una FP. Y el gobierno de Pedro Sánchez ha planteado su reforma para adaptarla a las necesidades de las empresas y potenciar su aceptación social.

También se cuestiona la efectividad de la educación universitaria actual como medio para formar a los profesionales que demanda la nueva economía. Una cuestión que puede representar un riesgo para las instituciones que decidan no adaptarse, para también una oportunidad para aquellas que logren liderar la transformación de la industria.

Finalmente, una eventual reducción o eliminación de las tasas universitarias públicas aumentaría la presión competitiva por la captación del alumnado. Un riesgo que las universidades privadas pueden evitar apostando por una mayor diferenciación de su oferta.

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